El Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, encabeza el sector que se manifiesta en oposición a una norma que intenta proteger nuestros más valiosos recursos.
San Juan, Argentina — La organización ambientalista Greenpeace presentó hoy un pedido de audiencia al Gobernador de la provincia, José Luis Gioja, con motivo del inminente tratamiento de la “Ley de Glaciares”, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación.
Desde Greenpeace señalaron como preocupante la posición asumida por la provincia en relación a la “Ley de Glaciares”, ya que se desconoce la facultad del Congreso nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, que tienen por objeto preservar y proteger los recursos naturales según lo establece la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, la organización ambientalista remarcó que la férrea oposición del Gobierno de San Juan a la norma pone en evidencia que en la provincia existen proyectos mineros que hoy afectan glaciares y áreas periglaciares (1).
“Resulta alarmante la oposición manifestada por el Gobernador Gioja, ya que la ley que hoy se debate en el Congreso nacional sólo tiene como finalidad la protección de los glaciares y el área periglacial como reservas de agua dulce, indispensable para la vida humana y las actividades productivas”, señaló desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace. “La dura oposición a la Ley consensuada en el Congreso nacional demuestra que hay proyectos mineros que hoy están afectando las áreas que la norma pretende proteger, y, por ello, aparecen fuertes presiones de las corporaciones político-económicas sobre el Senado para frenar la Ley”, agregó.
Greenpeace apoya y promueve el proyecto de ley resultante de la media sanción en el senado con las incorporaciones realizadas por la Cámara de Diputados en el mes de julio último. Para la organización ambientalista el proyecto consensuado establece las herramientas necesarias para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los glaciares son un componente clave. Greenpeace sostiene que las provincias en las que se desarrollan actividades de alto impacto como la minería, deben implementar estas herramientas y, fundamentalmente, valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a sostener las economías locales.
En este sentido, la organización ambientalista salió al cruce de la “Declaración de la provincias cordilleranas: afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental” firmada por varios gobernadores cordilleranos en julio pasado. En la declaración pública firmada en Buenos Aires por los gobernadores de San Juan, La Rioja, Catamarca; Tierra del Fuego, Río Negro; Salta, Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios “rebeldes” liderados por José Luis Gioja, declaran que la “Ley General del Ambiente” es legislación suficiente en materia ambiental, ya que esa norma delega en las provincias la evaluación de impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a sus recursos.
Desde Greenpeace sostienen que los gobernadores “rebeldes” deciden ignorar concientemente que la propia “Ley General del Ambiente” establece al “ordenamiento ambiental del territorio” como el primero de los instrumentos de la política y gestión ambiental, estableciendo al mismo tiempo que uno de los criterios que señala la norma para desarrollar el mencionado ordenamiento es la “conservación y protección de ecosistemas significativos”: la “Ley de Glaciares” intenta exactamente eso. Por otro lado, los ambientalistas consideraron como una señal preocupante que desde las provincias se desconozca la función del Congreso Nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, tal como lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 41.”
“La minería, tal como la conocemos hoy, es una actividad que comenzó a desplegarse en una escala gigantesca en los últimos años. Es por ello natural que frente a este nuevo escenario, se procure adecuar el marco jurídico del país a la nueva realidad. La “Ley de Glaciares” es un paso en ese sentido. Nunca antes se había desarrollado minería de estas características a más de 4.000 metros de altura. Es por ello que la aparición de la explotación minera en sitios en los que existen glaciares de alta montaña exige hoy que se establezcan mínimos criterios de ordenamiento territorial en la Cordillera para preservar estos ecosistemas del avance de los emprendimientos mineros”, concluyó Villalonga.
Miembros de Greenpeace estaran este miércoles y jueves en San Juan reunidos con sus socios y activistas locales y con sectores sociales y productivos que apoyan la Ley de Glaciares aprobada en Diputados.
Nota:
(1) Un informe de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama publicado en Chile en 2005, da cuenta de la existencia de una gran acumulación de material sedimentable en la superficie de los glaciares Toro 1 y Toro 2 que podría atribuirse a los trabajos que se han realizado durante varios años en la zona durante la etapa exploratoria del proyecto Pascua Lama. Lo anterior, indica el informe, “explica en gran parte la alta pérdida de masa que se ha presentado en algunos glaciares de la zona” y luego advierte que “este mismo fenómeno podría ocurrir en otros glaciares y que de esta forma, no es aventurado pronosticar la tendencia a la extinción de los glaciares más expuestos a los trabajos futuros de la minera”.
