Organizaciones ambientalistas reclaman al Senado la urgente sanción de la Ley de Glaciares

Greenpeace celebra el avance en Cámara de Diputados para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

BUENOS AIRES, Argentina — Mediante una carta dirigida a los senadores nacionales, organizaciones ambientalistas manifestaron su adhesión al proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” aprobado hace tres semanas por la Cámara de Diputados y reclamaron su urgente sanción, prevista para el próximo miércoles 8 de septiembre.

La carta, firmada por Amigos de la Tierra Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, y el Taller Ecologista, señala que “el texto aprobado contiene todos los elementos necesarios para establecer un régimen eficaz de protección de las áreas glaciares y de un sistema de monitoreo de la evolución y estado de las mismas”. (1)

Las organizaciones ambientalistas afirmaron que existe un consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor intrínseco que, tanto los glaciares como el ámbito periglacial, poseen como reservas de agua dulce, así como sobre la imperiosa necesidad que su protección impone frente a actividades con el potencial de producir en ellos daños irreversibles. Además, el calentamiento global amenaza con su desaparición total en pocas décadas si los estados, en particular los más afectados, no asumen su defensa con legislación y medidas coherentes tanto en el ámbito local como internacional.

Frente a esta grave situación, las organizaciones consideran que “las herramientas estratégicas que plantea la ley son imprescindibles para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los glaciares son un componente clave. Las regiones en las que se desarrollan actividades de alto impacto, como la minería, deben implementar dichas herramientas y fundamentalmente valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a sostener las economías locales”.

En ese sentido, manifestaron que “resulta de vital importancia que el Senado de la Nación apruebe sin demora este proyecto, para otorgar no sólo la protección necesaria para estos recursos vitales, sino también una eficaz planificación estratégica para un área de sensible valor ambiental como lo es la Cordillera de los Andes”.

Nota:

• Para leer la carta de ONGs al Senado de la Nación por la Ley de Glaciares, hacé click aquí

Greenpeace celebra el compromiso asumido por Duracell

Greenpeace exige ahora a Energizer que se sume al compromiso y asuma responsabilidad por los residuos de sus pilas.

BUENOS AIRES, Argentina — La empresa Procter & Gamble S.A.,importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró el compromiso asumido por la empresa pero ahora exige que Energizer Argentina S.A., entre otras importadoras, siga el ejemplo y participe de esta responsabilidad compartida.

Greenpeace celebró hoy elcompromiso asumido por la empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, de hacerse responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas y acopiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado.Mediante una carta dirigida a la organización ambientalista, los representantes de Duracell manifestaron estar dispuestos a hacerse responsables con sus recursos y conocimientos para buscar una solución ambientalmente adecuada al problema. No obstante, Greenpeace exige ahora que la empresa Energizer SA, quien ocupa mayoritariamente el mercado argentino de pilas, se sume al compromiso y asuma esta responsabilidad colectiva.

Greenpeace había iniciado semanas atrás una campaña en vía pública y en Internet, destinada a exigir a las empresas importadoras de pilas y baterías que se responsabilicen de las 10 toneladas de pilas y baterías acopiadas por el Gobierno de la Ciudad y las exporten para su reciclado. La primera de las empresas a la que Greenpeace dirigió su reclamo fue Duracell.

“Es muy importante el compromiso asumido por Duracell porque demuestra que algunas marcas son concientes y responsables del destino de sus productos”, señaló Yanina Rullo de la campaña de residuos electrónicos de Greenpeace. “Pero es necesario que las demás compañías, como Energizer, se hagan responsables también de estas 10 toneladas de pilas”, agregó.

La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), lanzó en 2008 una campaña de recolección de pilas y baterías en dos etapas. La primera, a cargo del Gobierno de la Ciudad, llamaba a los vecinos a desechar sus pilas primarias (comunes) en los Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) para luego ser gestionadas por el propio Gobierno de la Ciudad. En la segunda etapa, y mediante la Resolución 262 de finales de 2008 la APRA convocó a las empresas importadoras de pilas recargables a hacerse cargo, mediante planes voluntarios, de la recolección diferenciada, transporte, acopio y tratamiento de las pilas recargables en todo el ámbito de la Ciudad.

El resultado de la primera etapa de campaña de la APRA fue la recolección de 10 toneladas de pilas primarias. El Gobierno de la Ciudad intentó en primera instancia destinar estas pilas a un relleno de seguridad en la provincia de Córdoba pero, por presión de los vecinos que rechazaron este envío, no pudieron disponerse allí. Luego, y conflicto político mediante, la APRA tampoco pudo enviar las pilas a rellenos de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Según Rullo, “desde Greenpeace cuestionamos en un principio el Programa de la APRA, porque consideramos que son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos”. “Resolver de manera correcta, es decir con las empresas involucradas el destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas, es un gran primer paso dado mientras esperamos que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que está siendo tratada en el Senado”, agregó.

Greenpeace impulsa a través de un proyecto de ley nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – entre ellos pilas y baterías agotadas- el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor para que la población, a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos, y pasen a ser quienes colocan estos productos en el mercado los responsables de su recolección, acopio y tratamiento.

“Resolver el caso de las 10 toneladas de pilas recolectadas por la Ciudad es un paso muy importante que sienta un buen precedente. Pero debemos tener en cuenta que las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

“Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”.La solución al problema de las 10 toneladas de pilas del Gobierno de la Ciudad es un primer paso, para dar una solución definitiva al problema en todo el país es necesario el urgente tratamiento de una ley nacional de residuos electrónicos”, concluyó Testa.

• Para leer la carta de Procter & Gamble a Greenpeace en la que asume su responsabilidad, hacé click aquí.

Duracell contamina: Traé tus pilas usadas al Obelisco para devolvérselas a Duracell

Confirmá tu asistencia para devolver tus pilas a Duracell

Las pilas usadas son residuos peligrosos y tóxicos para el medio ambiente y la salud de todos.Las empresas productoras e importadoras de pilas son las que deben hacerse responsables de la gestión de los residuos de sus propios productos, pero la empresa Duracell no quiere hacerse cargo a pesar del reclamo que ya realizaron miles de personas.

Por eso, este jueves 2 de septiembre entre las 8 y las 13 hs traé tus pilas usadas al Obelisco, y nosotros se las devolveremos a Duracell para que asuma su responsabilidad de reciclarlas.

Acordate:

Lugar: Obelisco - Av. 9 de Julio y Corrientes.

Fecha: Jueves 2 de septiembre

Horario: 8 a 13 hs.

Confirmá tu asistencia y contanos cuántas pilas agotadas vas a traer. Completá el formulario: http://www.greenpeace.org.ar/cyberacciones/index.php?cyberaccion=5092

Posición de Greenpeace sobre el proyecto Represa del Ayuí Grande y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes

Mapa de OTBN de la provincia de Corrientes- Agosto 2010

CORRIENTES, Argentina — Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio. [1]

Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial.

El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.

Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.

Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.

Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto.

Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.

En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.

Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia.

Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia.

Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques.

Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable.

Nota:

1-
http://www.mimercedes.com.ar/masnotas.php?ampliar=1197

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=62651

http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=20877

• Para leer la Carta de Greenpeace al Congreso de la Nación por el proyecto Represa del Ayuí Grande, hacé click aquí.
  

• Para leer la Posición de ONGs ambientalistas sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, hacé click aquí.

El Cuerpo Colegiado recorrió la Cuenca y advirtió que no hay mejoras en el Riachuelo

El organismo evaluó negativamente el accionar gubernamental sobre el saneamiento del Riachuelo.

BUENOS AIRES, Argentina — El Cuerpo Colegiado que controla el Plan de Saneamiento del Riachuelo por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizó una inspección ocular y verificó que son escasos los avances en el territorio de la Cuenca, como señalaron ya en diferentes oportunidades.

El Cuerpo Colegiado, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y conformado por 5 ONG (Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN-, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos -ACDH- y Greenpeace) realizó este miércoles unrecorrido por el Riachuelo en virtud de la reciente resolución del máximo tribunal que requirió al Defensor del Pueblo su opinión respecto al grado de avance del Plan de Saneamiento.

El organismo de control advirtió que a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema, que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras en el territorio, y que la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han sido cumplidos.

Entre los incumplimientos, el Cuerpo Colegiado señaló las demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales, algunos de los cuales pueden verse a la vera del Riachuelo, y que aún no han sido censados. Por otra parte, destacó la falta de control de la contaminación de origen industrial, ya que la sentencia ordenó inspeccionar todas las industrias de la cuenca en 30 días, y dos años después sólo se han controlado unas 3.000 de las más de 12.000 industrias que estarían establecidas.

El organismo remarcó, además, la demora e ineficiencia en el saneamiento de basurales, que al momento de dictarse la sentencia contabilizaban 105 y a la fecha ya superan los 200. También declaró que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.

Si bien el Cuerpo Colegiado reconoció algunos avances en la limpieza de márgenes y remoción de buques, concluyó que el accionar gubernamental ha sido negativo (esta valoración ha sido señalada en numerosas oportunidades) y demandó la aplicación de las multas previstas en el fallo del máximo tribunal.

Greenpeace: Las empresas de pilas y baterías se negaron a hacerse cargo de la contaminación que generan

Greenpeace denuncia la falta de voluntad de las empresas fabricantes de pilas para responsabilizarse de los residuos de sus productos.

BUENOS AIRES, Argentina — La organización ambientalista Greenpeace denunció que las empresas Duracell, Energizer, Panasonic y Rayovac buscan escapar de la responsabilidad que tienen sobre la gestión de las pilas y baterías agotadas de sus marcas.

Greenpeace alertó que las empresas no solo se niegan a hacerse cargo de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad sino que además intentan por todos los medios quedar fuera de la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se debate en el Senado de la Nación.

Durante la Jornada Técnica sobre el proyecto de Ley de Gestión de RAEE desarrollada en el día de ayer en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, convocada por su presidente, Eduardo Torres y por el senador Daniel Filmus, autor del proyecto de ley, la representante de Duracell, Energizer, Rayovac y Panasonic, la abogada Susana Strunz pidió que las pilas y baterías no sean incluidas en la Ley que establece la recolección diferenciada y el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos. (1)

“El papel desempeñado por los representantes de las empresas de pilas y baterías en la Jornada por la ley de RAEE es preocupante. Lejos de contribuir al proyecto de ley y brindar soluciones a la contaminación que los residuos de sus productos generan, pidieron ser excluidos de la norma que se debate en el Senado. Mientras esas mismas compañías cumplen la legislación vigente en los países desarrollados,-en línea con el proyecto de ley que se debate en el Congreso argentino- en el país solo esperan “zafar” de toda responsabilidad”, señaló M. Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

Entre los argumentos brindados la representante de las compañías de pilas adujo que la mayoría de las pilas “contaminan poquito” y que en Europa las pilas y baterías se reciclan porque tienen poco lugar para enterrarlas. Asimismo, Strunz sugirió que si bien en los países centrales esas mismas compañías reciclan sus residuos, en Argentina no pueden hacerlo por la idiosincrasia del país.

“Los argumentos de las empresas de pilas para no hacerse cargo de sus pilas agotadas rozan lo ridículo”, agregó Testa, “Quedó demostrado que las empresas no gestionan sus pilas en nuestro país porque no tienen voluntad de hacerlo”.

La Jornada convocada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación se desarrolló durante todo el día y contó con la exposición de senadores nacionales, cámaras empresariales, ONG, empresas de tratamiento y organizaciones de recuperadores de RAEE, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni. Además participaron funcionarios públicos, asesores y especialistas en la materia.

La presentación de Greenpeace contó además con la colaboración de Thomas Lindquist, profesor de la Universidad de Lund, Suecia, autor del principio de Responsabilidad Extendida del Productor, quien en 2008 realizó un estudio sobre la situación de los RAEE en el contexto latinoamericano y ha participado en el diseño de políticas y normativa ambiental en varios países.

La Jornada se inició con las presentaciones del Presidente de la Comisión el senador Eduardo Torres y el senador Daniel Filmus quienes remarcaron la necesidad de que la ley de RAEE sea votada antes de fin de año por la Cámara de Senadores.

Notas:

(1) Hace más de un año atrás, las empresas de pilas y baterías habían solicitado quedar excluidas de toda legislación a través de una carta enviada a la Comisión de Ambiente. Para leerla hacé click aquí.

Greenpeace celebró la media sanción de la ley de glaciares pero alertó que ahora la presión minera se trasladará al senado

Luego del reclamo masivo por parte de los ciudadanos, los diputados hoy apoyaron la ley de glaciares.

BUENOS AIRES, Argentina — Greenpeace celebró hoy el paso dado en la Cámara de Diputados al aprobar esta tarde la Ley de Glaciares pero alertó sobre el riesgo de que la presión de los sectores mineros se traslade ahora al Senado, donde nuevamente intentarán bloquear la norma.

La aprobación alcanzada esta tarde en la Cámara baja se produjo luego de un masivo reclamo ciudadano que provocó que, en las últimas horas, los diputados recibieran más de 25 mil correos electrónicos y miles de llamados telefónicos, reclamándoles que dieran quórum y sesionaran hoy para debatir la Ley de Glaciares.

“A pesar de la importancia que tiene esta ley para nuestros glaciares, existe un fuerte boicot por parte de la totalidad del sector minero presente en Argentina; la reacción de la cámara de empresarios mineros es una prueba de esto”, señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina y alertó que, superado con éxito el primer paso en Diputados, la presión se traslade ahora a la Cámara de Senadores.

Greenpeace considera que “luego del trabajo realizado por muchos diputados, senadores y organizaciones de todo el país, se ha llegado a un proyecto de ley que establece una mayor protección de los glaciares, ya que incorporó la propuesta que realizamos las organizaciones ambientalistas de suspender nuevos proyectos que puedan afectarlos mientras se realiza el inventario”.

La suspensión de habilitación a nuevos proyectos que puedan afectar glaciares mientras el IANIGLA realice el inventario fue realizada por Greenpeace, Amigos de la Tierra y el Taller Ecologista de Rosario, quienes enviaron a los legisladores un análisis (1) sobre el texto que surgió del acuerdo alcanzado el mes pasado en el que se sintetizó en un texto único el proyecto aprobado por el Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados.

Nota:

(1) Para leer los comentarios y observaciones al texto acordado para modificar el dictamen del Proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" hacé click aquí

Seguí apoyando la ley de glaciares.

Gracias a la presión pública, la Cámara de Diputados ya dio media sanción a la ley de glaciares incluyendo las propuestas que presentó Greenpeace junto a organizaciones de todo el país para proteger y conservar estos valiosos recursos de agua dulce.

Ahora falta su aprobación en la Cámara de Senadores. Existe el riesgo de que la presión de los sectores mineros se traslade allí y que intenten, nuevamente, bloquear la norma.

Necesitamos seguir presionando para que los intereses económicos no continúen poniéndolos en peligro. Seguí apoyando la ley de glaciares junto a nosotros.